La crisis producida por la ejecución del proyecto Conga está en su etapa más álgida. Habiéndose frustrado el proceso de diálogo entre la población de Cajamarca, la minera Yanacocha y el Estado, el día de hoy, jueves 24, se inició el paro regional indefinido convocado por las autoridades de la región.
Al parecer la medida de fuerza ha sido mayoritariamente acatada. Todo indica que en apoyo a los reclamos de las comunidades y la preocupación por la escasez de agua —que ya viene sintiendo la población cajamarquina desde hace algún tiempo— la ciudad está paralizada: colegios y comercios están cerrados. Las marchas avanzan.
Sin embargo, las versiones sobre el posible uso de armas de fuego por parte de personal del estado, de personal de seguridad de la mina y de los manifestantes genera incertidumbre y tensión en relación al desarrollo de esta manifestación, que fue anunciada como pacífica y debería tener como fin evidenciar la legítima insatisfacción que tiene un sector de la población cajamarquina en torno al proyecto Conga y la posición del Estado.
Ante esto, es deber del Estado velar por la seguridad de la población cajamarquina, la instalaciones y personal de la mina. Las partes involucradas deben evitar todo tipo de acto violento. La protesta y la huelga son derechos constitucionales, pero deben ser ejercidos con responsabilidad y en forma pacífica. De presentarse, las denuncias de actos vandálicos deben ser adecuadamente investigadas y no caer en el facilismo de la acusación gratuita para obtener primeras planas.
Razones para desconfiar
Y es que con esta posición el mandatario, y con él todo su gabinete, parecen confiar plenamente en las buenas intenciones de la minera Yanacocha, cuando —digamos— los antecedentes de ésta no son los mejores. Empezando por posibles actos de corrupción y compra de fallos judiciales de uno de sus principales accionistas: Newmont, allá por año de 1994 (ver video), hasta el incumplimiento de acuerdos y denuncias por pasivos ambientales de las empresas involucradas en el conflicto.
De acuerdo a un reciente informe del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), hecho público por el blog Infos: en todo el país el MINEM tiene registrados 6,847 pasivos ambientales mineros (PAM). Las regiones con mayores cantidades de PAM en su territorio son: Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), Huancavelica (830), Puno (522), Cusco (507), La Libertad (488), Pasco (429). Conforme al informe: “En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 15% de los PAM registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de cierre autorizado. Los demás siguen, de una u otra forma, contaminando el medio ambiente. Es decir, casi 6 mil pasivos ambientales siguen afectando la salud humana, la vida silvestre y el medio ambiente de diversas comunidades, incluso dentro de áreas naturales protegidas”.
De estos pasivos ambientales, al menos en 24 aparece como titular Newmont Mining Corporation, en más de doscientos: Minera Buenaventura, ambas integrantes del Consorcio Yanacocha, junto con la Corporación Financiera Internacional.
Del mismo modo, el siguiente resumen de los conflictos en los que se ha visto envuelto la minera, muestran motivos adicionales para desconfiar:
Fecha | Problema | Denunciante | Desenlace |
26/03/1999 | Denuncia pública a Yanacocha por contaminación del agua potable de la zona y posteriores cuestionamientos por aparente caso de corrupción relacionado con el fiscal que seguía el proceso | Reinhard Seifert, presidente del Patronato Cultural de Cajamarca | No hubo mayor investigación del accionar de la mina en base a la denuncia planteada. Quedaron cuestionamientos al ex fiscal Julio Cabrejos, quien sospechosamente archivó el caso |
02/06/2000 | Camión que transportaba mercurio para MY se accidenta y provoca derrame en la comunidad de Choropampa que ocasiona la intoxicación y envenenamiento de gran cantidad de pobladores | Pobladores afectados, asesoramiento posterior de GRUFIDES | Se ejecutaron múltiples acciones judiciales, determinando la sanción administrativa y penal por parte de los implicados, determinándose el pago de indemnizaciones a los afectados. Sin embargo, el daño nunca fue resarcido debidamente |
18/01/2001 | Ex vicepresidente de Newmont (Yanacocha) reconoce que la minera no está operando en base a los estándares mínimos internacionales | Programa “Frontline” de la cadena PBS | Luego de las múltiples críticas al modo de operar en Yanacocha y sobre cómo el desastre de Choropampa pudo ser prevenido, se adoptan nuevas medidas para acatar los estándares mínimos para la operación de la mina. |
22/06/2002 | Informe que detalla que existe una descarga de ácido proveniente de la mina hacia una cuenca hídrica, de drenajes del Río Porcón y Río Grande y de envenenamiento de ganado | Experto internacional en la materia, Steve Blodgett | Problema del agua en zonas aledañas a MY se fue agudizando: 4 comunidades se quedaron sin acceso al agua |
20/05/2003 | MY reconoce impacto negativo generado en la calidad de agua de la quebrada Cushuro y de otras fuentes hídricas aledañas | Comunidad afectada, en base a informes emitidos por SEMDACAJ (órgano administrador del agua) y de Compliance Advisor Ombudsman (CAO – Banco Mundial) | MY otorgó como “compensación” 40 sacos de abono a cada uno los afectados, hecho por demás inaudito. |
18/6/2004 | Protestas en contra de la explotación del Cerro Quilish por parte de Minera Yanacocha, ya que este, según ordenanza es una “zona reservada protegida | Comunidades de la zona | Yanacocha cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza, pero, finalmente, se logró aprobar una nueva ordenanza que impedía a MY continuar con las labores de exploración |
24/10/2005 | Se revela que negociados entre Vladimiro Montesinos y Lawrence Kurlander (Ejecutivo de Newmont-Yanacocha) le permitieron a Newmont adueñarse del asiento aurífero para la realización del proyecto Yanacocha | The New York Times / Programa “Frontline” de la cadena PBS / The Denver Post | Hasta ahora, la justicia peruana sigue haciéndose de la vista gorda con este caso, aún cuando existen “vladivideos” sobre el mismo. |
26/08/2006 | Comunidad de Combayo, Cajamarca, se opone a las labores de Minera Yanacocha porque esta no ha cumplido con invertir eficientemente en obras de desarrollo y porque ha contaminado el agua del poblado. | Padre Marco Arana – Comuneros de Combayo | Resarcir a la familia de Isidro Llanos, poblador fallecido en los enfrentamientos / Potabilizar el agua y realizar monitoreo para que sea apta para el consumo humano. |
20/05/2011 | Localidad de Combayo bebe agua contaminada con aluminio, hierro y cobre | Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la región Cajamarca, | Se denuncio el hecho y aún se vienen haciendo los exámenes para determinar las consecuencias del consumo de agua contaminada |
A su vez, el lema que maneja la Sociedad Nacional de Minería: “con buena minería el Perú siempre gana”, nos lleva a deducir que, tal vez, actualmente la minería que se desarrolla en el país y en Cajamarca no sea la mejor. Como lo han dicho un conjunto de especialistas, es un dato fáctico que la minería, pese a las millonarias ganancias, no ha redundado en beneficio de la población rural más pobre directamente afectada; sino más bien su nivel de vida, algunas veces, se ha precarizado por problemas de salud y los conflictos socio ambientales producidos. Un dato evidente es que las dos provincias que hoy proveen la mayor riqueza aurífera al país: Cajamarca y Celendín están en el puesto 98 y 153 de desarrollo, de un ranking de 195, según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo.
Del mismo modo, según la Defensoría del Pueblo, existen en el Perú 124 conflictos socio ambientales, estando 31 de ellos ligados directamente con problemas de falta de agua (Ver documento de resumen).
A su vez, el propio resumen el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga señala que las distintas actividades del proyecto “afectarán tanto la calidad como la disponibilidad del hábitat para la vida acuática. Debido a esto, el área de influencia directa (AID) para el componente hidrobiológico incluye las quebradas que serán disturbadas por el proyecto, con efecto en la calidad y cantidad de agua, así como en los bofedales y lagunas dentro del área de emplazamiento” (ver: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha). En palabras claras el medio ambiente será afectado drásticamente, especialmente las lagunas y, con ésta, la disponibilidad del agua. Por ello la creación de cuatro reservorios.
Ante ello, es lógica la preocupación de la población cajamarquina por la eliminación de cuatro lagunas y el futuro de su región, pues son evidentes los daños ambientales y sociales que se han producido producto de la actividad minera. No por nada, a partir del año 1997, se han aprobado algunas ordenanzas municipales referidas a problemas ambientales específicos, declarando zonas como intangibles (incluida la que actualmente está en conflicto) e incluso se ha elaborado un documento base de Zonificación Ecológica y Económica para el ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca.
Todas estas normas, actualmente no son vinculantes para el Estado, pero, necesariamente, deberían ser tenidas en cuenta, como argumentos a favor de la posición de los pobladores que ha sido acusada por parte de los dueños e ingenieros de la mina de poco técnica, como si la experiencia que viven los pobladores de Celendín y distritos aledaños de Cajamarca no sirviera de nada.
Rol del Estado y necesidad de retomar el diálogo
Ante esto, creemos que el Estado debería contabilizar estos problemas y no sólo ver la mega inversión y dinero que significa el Proyecto Conga. Es obvio que los 4 800 millones de dólares que se pueden obtener de éste son importantes. Sin embargo, por la información obtenida del cuestionado EIA hay un conjunto de bienes jurídicos trascendentes: agua, salud, vida, ambiente saludable, etcétera que no se han contabilizado como pérdida de realizarse el mismo.
Y es que en este proceso el gobierno debe cumplir un rol de tutela de derechos, y actuar en coherencia con el mandato para el que ha sido elegido. Así, tanto la buena inversión, el desarrollo de la empresa, como el agua, la salud, la vida en un ambiente equilibrado y la tutela de los recursos naturales son derechos fundamentales y deben ser adecuadamente ponderados.
Como lo dijimos en su momento, pese al paro, en IDL creemos que estamos a tiempo para encontrar los canales de diálogo que puedan satisfacer a todas las partes. Hay que salir del entrampamiento de “Conga va de todas maneras” o “Conga no va de ninguna manera”. Este caso es tan importante para la población, el Estado y la empresa, que se puede convertir en la gran oportunidad para encontrar un nuevo esquema de solución de conflictos que pueda utilizarse para resolver problemas originados por concesiones, sean nuevas o ya establecidas; a fin que todas las partes puedan defender sus derechos e intereses. Ello, sin duda, reduciría la falta de confianza y credibilidad que mutuamente existe.
Para ser coherentes con la promoción de una minería responsable, como queremos la mayoría del país, es urgente que se revise el informe del impacto ambiental (EIA), y que se haga por una autoridad que no sea el Ministerio de Energía y Minas, ya que tiene fundamento el conflicto de intereses existente al ser el Ministerio que promueve la inversión. Si efectivamente no existen los problemas que denuncia la población, ni la minera ni el Estado tendrían por qué oponerse a una revisión. Igualmente, la preocupación de la población cajamarquina, por la posible eliminación de cuatro lagunas y el futuro ambiental de su región, debería ser resuelta con un nuevo estudio hidrogeológico y objetivo.
Justamente el retomar este proceso de diálogo será tan importante para abordar puntos como: (i) la necesidad de elaborar un ordenamiento territorial del suelo peruano, a fin de tener certeza sobre en qué áreas se puede desarrollar actividad minera y cuáles son las zonas intangibles, (ii) la forma en que deben hacerse las concesiones, (iii) el sentido de los EIA, (iv) la forma como la mina resguarda sus instalaciones y utiliza a su personal de seguridad, (v) la necesidad de respetar las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas, (vi) mejorar la forma en que la población también podría beneficiarse de la inversión, (vii) encontrar la manera en que se incluya la opinión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto a su desarrollo, a través de la consulta a los pueblos indígenas y otras formas de participación, tal como lo establecen los instrumentos internacionales.
Esperamos que, así como el Estado busca la inversión en el país, también cumpla con su rol de tutela de derechos fundamentales y lo compatibilice con su principal norte: buscar la vida digna de los peruanos y peruanas, y promover un desarrollo sustentable sin daños ecológicos irreparables.
Ofensiva Antiminera contra Proyectos en Marcha
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería denunció que varias empresas mineras que trabajan en el país vienen siendo objeto de chantaje y extorsión por parte de grupos antimineros.
EN PELIGRO INVERSION MINERA POR MAS DE US$ 9,600 MILLONES EN CAJAMARCA
Los conflictos sociales alentados por grupos violentistas y antimineros han puesto en peligro la continuidad de operaciones y proyectos mineros en el Perú, que implican inversiones por más de 9,641 millones de dólares en la región Cajamarca, denunció la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE.
El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, denunció que varias empresas mineras que trabajan en el país vienen siendo objeto de chantaje y extorsión por parte de esos grupos antimineros. Manifestó que los opositores a la minería formal y responsable han creado un mito en torno al uso del agua por parte de la minería, actividad productiva que apenas utiliza el 2% del agua disponible en el territorio nacional.
Asimismo, alertó sobre la existencia de una “portátil antiminera” que se moviliza por todo el país con el propósito de boicotear y paralizar operaciones y proyectos mineros.
“Los “promotores” de la violencia que paralizó los proyectos Tía María, Santa Ana y Quellaveco, así como la ampliación de la planta Concentradora de Southern en Toquepala, son los mismos grupos que ahora están en Cajamarca con el objetivo de frustrar el proyecto Conga y las actividades productivas de la empresa minera Yanacocha”, afirmó Pedro Martínez.
El presidente del gremio mineroenergético dijo que el Estado peruano no puede ni debe permitir que grupos violentistas paralicen el proyecto minero Conga, que significa la inversión privada más importante de la historia del Perú, pues se estima que superará los 4,800 millones de dólares.
El proyecto Conga, en su fase de construcción -precisó Martínez- permitirá la generación de 6,800 nuevos puestos de trabajo y el Estado peruano percibirá más de 2,800 millones de dólares en impuestos y regalías a lo largo de la vida útil de la mina. “No debemos permitir que por la violencia miles de trabajadores pierdan la oportunidad de tener un empleo digno y que el país y la región Cajamarca reciban más impuestos, regalías y canon minero”, subrayó.
CONGA OBTUVO 173 PERMISOS
“Para iniciar el proyecto Conga, la empresa minera Newmont logró gestionar 173 permisos ante seis Ministerios y 16 Direcciones y Organismos Técnicos del Estado, además de haber cumplido con los procesos de consulta ciudadana que exige la ley”, indicó Pedro Martínez, al afirmar que es totalmente falso que este proyecto minero afectará las fuentes hídricas de la zona.
El presidente de la SNMP explicó que con la finalidad de asegurar la disponibilidad de agua para las comunidades vecinas, la minera procederá al trasvase de cuatro lagunas que tienen 1,4 millones de metros cúbicos de agua a reservorios que garantizarán un abastecimiento de 3,2 millones de metros cúbicos de agua.
“Las obras que realizará Newmont garantizan que las comunidades accederán a una mayor cantidad de agua, lo que nos demuestra que las protestas se sustentan sobre un mito construido por grupos que se oponen a la minería formal y moderna”.
CHANTAJE Y EXTORSION A MINERAS
El directivo minero dijo que no se puede tolerar que en La Encañada (Cajamarca) exijan mediante acciones de violencia-ataque y destrucción de maquinaria-,que la empresa minera Yanacocha acepte un denominado “acuerdo social” que implica un desembolso de hasta 200 millones de soles para que pueda proseguir con sus actividades productivas en esa región. “Nosotros condenamos todo acto de chantaje y extorsión. El caso de Yanacocha, no es un hecho aislado, anotó MartÌnez.
Los conflictos promovidos por los grupos violentistas han puesto en peligro la cartera de inversiones mineras en Cajamarca, estimada en 9,641 millones de dólares para los próximos 10 años.
VIOLENTISTAS Y ANTIMINEROS PONEN LA MINERIA AL REVES
El 2011 quedará registrado posiblemente, como el año más difícil, turbulento y controvertido para la minería peruana.En medio de un escenario positivo de altos precios de los metales y niveles record de inversión, los conflictos sociales, alentados por grupos violentistas y antimineros, están poniendo en peligro el desarrollo de varios megaproyectos mineros, valorizados en más de 14 mil millones de dólares.
La ofensiva antiminera promovida por grupos violentistas y apoyada, increíblemente, por las autoridades regionales y alcaldes, se desplazó como una marea negra sobre el sur y norte del país y colocaron a la minería al revés. Esto es, no a la producción minera, paralicen los proyectos y supriman la explotación de los recursos mineros del país.
Utilizando como argumento el mito del consumo excesivo y la contaminación del agua, los opositores a la minería derrumbaron el proyecto Tía María, en Arequipa, sembraron el caos y la desolación en Puno, cerrando las puertas del proyecto Sana Ana y otros planes mineros en el Altiplano.
Luego vino la objeción al proyecto de cobre Quellaveco, la oposición a la ampliación de la concentradora de Toquepala de Southern en Moquegua y finalmente la portátil antiminera se desplazó al norte. En Cajamarca, el presidente regional, varios alcaldes y sus seguidores paralizaron el proyecto Conga y objetaron el desarrollo de los proyectos Galeno y Michiquillay.
La ofensiva antiminera no solo busca boicotear y paralizar las operaciones y proyectos mineros, sino que estos grupos antimineros están utilizando el chantaje y la extorsión, como es el caso del Alcalde de La Encañada que planteó una exigencia (pacto social) de 200 millones de soles a Minera Yanacocha.
Frente a esta caótica situación, el presidente de la Socied Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martinez, pidió no permitir el avance de la violencia minera que ocasionará la pérdida de miles de empleos en todo el país.
GRAVAMEN MINERO: Minería pagará S/.15 Mil millones en 5 Años
En la fase culminante de 15 reuniones sostenidas entre el Gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las empresas mineras acordaron pagar un gravamen anual de 3 mil millones de soles durante cinco años, como aporte a los planes de inclusión social del presidente Ollanta Humala.
El gravamen adicional -no impuesto- se aplicará a las utilidades operativas de todas las empresas mineras, incluyendo a las que tienen contratos de estabilidad.
Durante las negociaciones hubo un alturado pulseo de fuerzas, pero en todo momento primó el criterio técnico y la transparencia.
El equipo negociador lo integraron, por el Estado Peruano los ministros de Economía y Finanzas, Miguel Castilla y de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez Carlevarino, presidente y Eva Arias de Sologuren, vicepresidenta de la SNMPE.
El anuncio formal de la negociación del gravamen minero por 3 mil millones de soles al año, lo hizo el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, durante su exposición ante el Congreso, en el que trazó la meta del gobierno de generar un crecimiento sostenido y diversificado no menor del 6%.
El presidente de la SMPE, Pedro Martínez, precisó que el gravamen anual que pagaran las mineras sobre sus utilidades, preserva el marco jurídico que ha permitido el crecimiento del país y mantiene la competitividad de la minería.
En tanto que la arquitecta Eva Arias destacó que la minería seguirá desarrollándose con un grado de normalidad total y el acuerdo que hemos logrado con el gobierno permitirá que se desarrollen nuevos proyectos y exista más producción minera y más recaudación tributaria.
DATOS DE NEGOCIACION DEL GRAVAMEN MINERO
❚ A mediados de julio, representantes de la Sociedad de Minería y del electo presidente Humala iniciaron las conversaciones sobre el impuesto minero.
❚ El 15 de agosto, los mineros hicieron su primera propuesta: mil millones de soles al año.
❚ La respuesta desde Palacio de Gobierno fue un rotundo No.
❚ El lunes 22, los representantes de la SNMPE ofertaron una segunda oferta: 1.800 millones de soles
❚ La réplica del Gobierno fue negativa y esperaba un mayor aporte minero.
❚ Los negociadores plantearon encontrar un punto de acuerdo, pues dentro de 3 dísas, el Premier debía anunciar el acuerdo en el Congreso.
❚ El miércoles 24, el presidente de la SNMPE, Pedro Martinez transmitió al premier Lerner la última oferta: 2.500 millones de soles al año.
❚ A las 10 de la noche del 24, Lerner llevó la propuesta a Palacio de Gobierno, mientras que en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) esperaban los 4 negociadores: Los titulares del MEF y el MEM y representantes de la SNMPE.
❚ Hacia la media noche del 24, Lerner retornó a la PCM y trasmitió la decisión definitiva del presidente Humala: 3 mil millones de soles anuales.
❚ Pedro Martinez y Eva Arias, de la SNMPE, pidieron un momento para hacer las consultas sobre la propuesta y luego retornaron con la respuesta de aceptar pagar S/. 3 mil millones anuales.
❚ Alcanzado el acuerdo, a las 2 de la madrugada, el premier Lerner transmitió el acuerdo al presidente Humala en tanto que en la PCM, el Ministro de Energía y Minas redactó el “Acta de Entendimiento” que fue firmada por los negociadores.
❚ El gravamen se aplicará sobre las utilidades operativas, es decir, deducidos los impuestos y regirá desde setiembre.
MINERIA: INVERSION Y CRECIMIENTO
❚ PROYECCION DE INVERSION MINERA EN PROXIMOS 20 AÑOS: US$ 42 mil millones
❚ INVERSION ANUAL PROYECTADA: US$ 4.200 millones al año.
❚ IMPACTO EN CRECIMIENTO DEL PBI: El PBI crecerá de 3 a 4% anual.
❚ CRECIMIENTO DE LA MINERIA: Crecerá a un promedio del 4%.
❚ CRECIMIENTO DE ECONOMIA: Perú crecería a tasa anual del 6%
Gravamen a mineras regirá desde setiembre
El gravamen que se aplicará a las mineras que operan en el país tendrá vigencia a partir de setiembre próximo, confirmó el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.
Explicó que en los próximos días se buscará el mecanismo para su aplicación, para lo cual se reajustarán las tasas a fin de obtener la cifra establecida de 3,000 millones de nuevos soles anuales.
Para ello se tendrá en cuenta la fluctuación de los precios internacionales de los metales y dijo que aún con una variación de los precios internacionales del oro y la plata al alza y del cobre y el zinc a la baja, el Estado resulta favorecido por los ingresos que genera la producción de los metales.
Recalcó que el acuerdo entre el Estado y las mineras permite preservar la cartera de proyectos futuros del sector.Señaló que el gravamen se aplicará a todas las mineras, mientras, acotó, que el óbolo voluntario era un aporte de algunas empresas de ese rubro.
“Si en lo que va del período de gobierno los precios se mantienen y los volúmenes de producción no cambian, buscaríamos recaudar en el período del gobierno 15,000 millones de soles”.El titulardel MEM dijo que los límites de la Banda de Precios de los Combustibles, buscaque precios de los combustibles se sinceren y se reduzca el subsidio del Estado.
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS: “Sin Licencia Social No Habrá Minería Ni Petroleo”
Sin licencia social no habrá minería ni hidrocarburos. Así lo anunció el Ministro de Energía y Minas, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Sus declaraciones formuladas hoy miércoles:
Sin licencia social no habrá minería ni hidrocarburos. Así lo anunció el Ministro de Energía y Minas, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, al comentar los alcances de la aprobación de la Ley de Consulta previa.
- Se aprobó la licencia social ¿Esta norma afectará los proyectos minero-energéticos en el país?
- Es necesario tener esta licencia. Por ejemplo, en el caso de Tambogrande las protestas impidieron que entre a operar la empresa privada y actualmente en la zona (en Piura) tenemos una pequeña minería ilegal. Con la licencia social se puede ganar en la medida que los beneficios se repartan adecuadamente entre las partes.
- ¿Es decir, la licencia social (licencia previa) será un requisito para toda nueva inversión?
- Así es. Se requiere licencia social en minería y en hidrocarburos.
- ¿Qué pasará con los proyectos que ya están operando?
- Los proyectos que están funcionando bien no se tocarán, pero en los que haya problemas se verá la forma de solucionarlos.
LA LICENCIA PREVIA ES CLAVE
En posteriores declaraciones el Ministro de Energía y Minas, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, dejó en claro que las concesiones mineras se desarrollarán únicamente con la aceptación social de la población (licencia), aledaña a un proyecto.
“Los yacimientos no se pueden desarrollar sin licencia social o en contra de la voluntad de la población. Se requiere tener la aceptación para ejecutar un proyecto minero”, precisó el Ministro y recordó el caso de la paralización del proyecto Santa Ana -de la canadiense Bear Creek en Puno – así como de Tía María- de Southern, en Arequipa.
Se le preguntó que pasará si la consulta previa paraliza las concesiones mineras, Herrera Descalzi comentó que la actividad siempre se puede llevar adelante, pero que se debe evitar conflictos sociales que la detengan.
VICEMINISTRA DE MINAS Y CONCESIONES MINERAS
La flamante viceministra de Minas, Susana Vilca, dijo que buscará que el lngemmet haga más transparente la información que reciben los gobiernos locales sobre las áreas que se deben dar en concesión y de esa manera evitar los conflictos sociales.
La viceministra señaló que por falta de información o por mala información, se generan los conflictos”, aseveró, tras señalar que, se deben dar en concesión en general, hay mucho trabajo por hacer para resolver este tipo de reclamos.
